PRIVADOS DE LIBERTAD
Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990
La Asamblea General,
Teniendo presentes la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos
del Niño, así como otros instrumentos internacionales relativos a la protección de los
derechos y al bienestar de los jóvenes,
Teniendo presentes también las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos,
aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente,
Teniendo presente además el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, aprobado por la
Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, en la que figura
como anexo,
Recordando las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la
Justicia de Menores (Reglas de Beijing),
Recordando también la resolución 21 del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en la que el Congreso pidió
que se prepararan reglas mínimas para la protección de los menores privados de la
libertad,
Recordando además que el Consejo Económico y Social, en la sección II de su
resolución 1986/10, de 21 de mayo de 1986, pidió al Secretario General que presentara
al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, en su décimo período
de sesiones, un informe sobre los progresos realizados en la elaboración de las reglas, y
al Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente que examinara las reglas propuestas con miras a su aprobación,
Alarmada por las condiciones y circunstancias en que se procede en todo el mundo a
privar a menores de su libertad,
Consciente de que los menores privados de libertad son sumamente vulnerables a los
malos tratos, a la victimización y la violación de sus derechos,
Preocupada por el hecho de que muchos sistemas no establecen una diferenciación
entre adultos y menores en las distintas fases de la administración de justicia y, en
consecuencia, los menores están detenidos en prisiones y centros junto con adultos,
1. Afirma que la reclusión de un menor en un establecimiento debe ser siempre una
medida de último recurso y por el mínimo período necesario;
2. Reconoce que, debido a su gran vulnerabilidad, los menores privados de libertad
requieren especial atención y protección y que deberán garantizarse sus derechos y
bienestar durante el período en que estén privados de su libertad y con
posterioridad a él;
3. Observa con satisfacción la valiosa labor de la Secretaría y la colaboración que
se ha establecido en la preparación del proyecto de reglas de las Naciones Unidas
para la protección de los menores privados de libertad entre la Secretaría y los
expertos, los profesionales, las organizaciones intergubernamentales, la comunidad
de entidades no gubernamentales, Amnistía Internacional, Defensa de los Niños –
Internacional y en particular, Rädda Barnen International (Save the Children
Federation, de Suecia) y las instituciones científicas que se ocupan de los derechos
de los niños y la justicia de menores;
4. Aprueba las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad, que figuran como anexo a la presente resolución;
5. Exhorta al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia a
formular medidas para la eficaz aplicación de las Reglas, con la asistencia de los
institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del
delincuente;
6. Invita a los Estados Miembros a adaptar, cuando sea necesario, y para que
armonicen con el espíritu de las Reglas, su legislación, su política y sus prácticas
nacionales, en particular respecto de la capacitación de todas las categorías del
personal de la justicia de menores, y a señalar las Reglas a la atención de las
autoridades competentes y del público en general;
7. Invita también a los Estados Miembros a que informen al Secretario General
sobre las medidas que hayan tomado para aplicar las Reglas en la legislación, la
política y la práctica, y a que presenten informes periódicos al Comité de Prevención
del Delito y Lucha contra la Delincuencia acerca de los resultados alcanzados en su
aplicación;
8. Pide al Secretario General y a los Estados Miembros que procuren dar la más
amplia difusión posible al texto de las Reglas en todos los idiomas oficiales de las
Naciones Unidas;
9. Pide al Secretario General que realice un estudio comparado, trate de obtener la
colaboración necesaria y formule estrategias encaminadas a abordar la cuestión de
las distintas categorías de casos graves de delincuentes juveniles reincidentes y
prepare al respecto un informe orientado a la elaboración de políticas para
presentarlo al Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente;
10. Pide también al Secretario General y a los Estados Miembros que asignen los
recursos necesarios para garantizar el éxito en la aplicación y la ejecución de las
Reglas, en particular en lo referente a la contratación, capacitación e intercambio de
personal de la justicia de menores de todas las categorías;
11. Insta a todos los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas, en
particular al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, las comisiones
regionales y los organismos especializados, los institutos de las Naciones Unidas
para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente y a todas las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas a que
colaboren con el Secretario General y adopten las medidas necesarias para
garantizar una acción concertada y sostenida dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia técnica a fin de promover la aplicación de las Reglas;
12. Invita a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías de la Comisión de Derechos Humanos a que examine este nuevo
instrumento internacional, con miras a promover la aplicación de sus disposiciones;
13. Pide al Noveno Congreso que examine los progresos realizados en la promoción y
aplicación de las Reglas y de las recomendaciones contenidas en la presente
resolución, en relación con un tema separado del programa relativo a la justicia de
menores.
REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES
PRIVADOS DE LIBERTAD
ANEXO
I. PERSPECTIVAS FUNDAMENTALES
1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la
seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El
encarcelamiento deberá usarse como último recurso.
2. Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con
los principios y procedimientos establecidos en las presentes Reglas,
así como en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). La
privación de libertad de un menor deberá decidirse como último
recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos
excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la
autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto
en libertad antes de ese tiempo.
3. El objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas
aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores
privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los
derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a
contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y
fomentar la integración en la sociedad.
4. Las Reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad,
idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole,
prácticas o creencias culturales, patrimonio, nacimiento, situación de
familia, origen étnico o social o incapacidad. Se deberán respetar las
creencias religiosas y culturales, así como las prácticas y preceptos
morales de los menores.
5. Las Reglas están concebidas para servir de patrones prácticos de
referencia y para brindar alicientes y orientación a los profesionales
que participen en la administración del sistema de justicia de
menores.
6. Las Reglas deberán ponerse a disposición del personal de justicia
de menores en sus idiomas nacionales. Los menores que no conozcan
suficientemente el idioma hablado por el personal del establecimiento
de detención tendrán derecho a los servicios gratuitos de un
intérprete siempre que sea necesario, en particular durante los
reconocimientos médicos y las actuaciones disciplinarias.
7. Cuando corresponda, los Estados deberán incorporar las presentes
Reglas a su legislación o modificarla en consecuencia y establecer
recursos eficaces en caso de inobservancia, incluida la indemnización
en los casos en que se causen perjuicios a los menores. Los Estados
deberán además vigilar la aplicación de las Reglas.
8. Las autoridades competentes procurarán sensibilizar
constantemente al público sobre el hecho de que el cuidado de los
menores detenidos y su preparación para su reintegración en la
sociedad constituyen un servicio social de gran importancia y, a tal
efecto, se deberá adoptar medidas eficaces para fomentar los
contactos abiertos entre los menores y la comunidad local.
9. Ninguna de las disposiciones contenidas en las presentes Reglas
deberá interpretarse de manera que excluya la aplicación de los
instrumentos y normas pertinentes de las Naciones Unidas ni de los
referentes a los derechos humanos, reconocidos por la comunidad
internacional, que velen mejor por los derechos; la atención y la
protección de los menores, de los niños y de todos los jóvenes.
10. En el caso de que la aplicación práctica de las reglas específicas
contenidas en las secciones II a V, inclusive, sea incompatible con las
reglas que figuran en la presente sección estas últimas prevalecerán
sobre las primeras.
II. ALCANCE Y APLICACIÓN DE LAS REGLAS
11. A los efectos de las presentes Reglas, deben aplicarse las
definiciones siguientes:
a) Se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad. La
edad límite por debajo de la cual no se permitirá privar a un niño de su libertad
debe fijarse por ley;
b) Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o
encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado
del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier
autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.
12. La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y
circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de
los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros
el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan
para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover
su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos
que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la
sociedad.
13. No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de
su condición, los derechos civiles, económicos, políticos, sociales o
culturales que les correspondan de conformidad con la legislación
nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la
privación de la libertad.
14. La protección de los derechos individuales de los menores por lo que
respecta especialmente a la legalidad de la ejecución de las medidas
de detención será garantizada por la autoridad competente, mientras
que los objetivos de integración social deberán garantizarse mediante
inspecciones regulares y otras formas de control llevadas a cabo, de
conformidad con las normas internacionales, la legislación y los
reglamentos nacionales, por un órgano debidamente constituido que
esté autorizado para visitar a los menores y que no pertenezca a la
administración del centro de detención.
15. Las presentes Reglas se aplican a todos los centros y
establecimientos de detención de cualquier clase o tipo en donde haya
menores privados de libertad. Las partes I, II, IV y V de las Reglas se
aplican a todos los centros y establecimientos de internamiento en
donde haya menores detenidos, en tanto que la parte III se aplica a
menores bajo arresto o en espera de juicio.
16. Las Reglas serán aplicadas en el contexto de las condiciones
económicas, sociales y culturales imperantes en cada Estado
Miembro.
III. MENORES DETENIDOS O EN PRISIÓN PREVENTIVA
17. Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de
juicio son inocentes y deberán ser tratados como tales. En la medida
de lo posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias
excepcionales la detención antes del juicio. En consecuencia, deberá
hacerse todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias. Cuando, a
pesar de ello, se recurra a la detención preventiva, los tribunales de
menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima
prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de
que la detención sea lo más breve posible. Los menores detenidos en
espera de juicio deberán estar separados de los declarados culpables.
18. Las condiciones de detención de un menor que no haya sido juzgado
deberán ajustarse a las reglas siguientes, y a otras disposiciones
concretas que resulten necesarias y apropiadas, dadas las exigencias
de la presunción de inocencia, la duración de la detención y la
condición jurídica y circunstancias de los menores. Entre esas
disposiciones figurarán las siguientes, sin que esta enumeración tenga
carácter taxativo:
a) Los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar
asistencia jurídica gratuita, cuando ésta exista, y comunicarse regularmente con sus
asesores jurídicos. Deberá respetarse el carácter privado y confidencial de esas
comunicaciones;
b) Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de
efectuar un trabajo remunerado y de proseguir sus estudios o capacitación, pero no
serán obligados a hacerlo. En ningún caso se mantendrá la detención por razones
de trabajo, de estudios o de capacitación;
c) Los menores estarán autorizados a recibir y conservar material de
entretenimiento y recreo que sea compatible con los intereses de la administración
de justicia.
IV. LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE MENORES
A. Antecedentes
19. Todos los informes, incluidos los registros jurídicos y médicos, las
actas de las actuaciones disciplinarias, así como todos los demás
documentos relacionados con la forma, el contenido y los datos del
tratamiento deberán formar un expediente personal y confidencial,
que deberá ser actualizado, accesible sólo a personas autorizadas y
clasificado de forma que resulte fácilmente comprensible. Siempre
que sea posible, todo menor tendrá derecho a impugnar cualquier
hecho u opinión que figure en su expediente, de manera que se
puedan rectificar las afirmaciones inexactas, infundadas o injustas.
Para el ejercicio de este derecho será necesario establecer
procedimientos que permitan a un tercero apropiado tener acceso al
expediente y consultarlo, si así lo solicita. Al quedar en libertad un
menor su expediente será cerrado y, en su debido momento,
destruido.
20. Ningún menor deberá ser admitido en un centro de detención sin
una orden válida de una autoridad judicial o administrativa u otra
autoridad pública. Los detalles de esta orden deberán consignarse
inmediatamente en el registro. Ningún menor será detenido en ningún
centro en el que no exista ese registro.
B. Ingreso, registro, desplazamiento y traslado
21. En todos los lugares donde haya menores detenidos, deberá llevarse
un registro completo y fiable de la siguiente información relativa a
cada uno de los menores admitidos:
a) Datos relativos a la identidad del menor;
b) Las circunstancias del internamiento, así como sus motivos y la autoridad con
que se ordenó;
c) El día y hora del ingreso, el traslado y la liberación;
d) Detalles de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación del menor a
los padres o tutores a cuyo cargo estuviese en el momento de ser internado;
e) Detalles acerca de los problemas de salud física y mental conocidos, incluido
el uso indebido de drogas y de alcohol.
22. La información relativa al ingreso, lugar de internamiento, traslado y
liberación deberá notificarse sin demora a los padres o tutores o al
pariente más próximo del menor.
23. Lo antes posible después del ingreso, se prepararán y presentarán a
la dirección informes completos y demás información pertinente
acerca de la situación personal y circunstancias de cada menor.
24. En el momento del ingreso, todos los menores deberán recibir copia
del reglamento que rija el centro de detención y una descripción
escrita de sus derechos y obligaciones en un idioma que puedan
comprender, junto con la dirección de las autoridades competentes
ante las que puedan formular quejas, así como de los organismos y
organizaciones públicos o privados que presten asistencia jurídica.
Para los menores que sean analfabetos o que no puedan comprender
el idioma en forma escrita, se deberá comunicar la información de
manera que se pueda comprender perfectamente.
25. Deberá ayudarse a todos los menores a comprender los reglamentos
que rigen la organización interna del centro, los objetivos y
metodología del tratamiento dispensado, las exigencias y
procedimientos disciplinarios, otros métodos autorizados para obtener
información y formular quejas y cualquier otra cuestión que les
permita comprender cabalmente sus derechos y obligaciones durante
el internamiento.
26. El transporte de menores deberá efectuarse a costa de la
administración, en vehículos debidamente ventilados e iluminados y
en condiciones que no les impongan de modo alguno sufrimientos
físicos o morales. Los menores no serán trasladados arbitrariamente
de un centro a otro.
C. Clasificación y asignación
27. Una vez admitido un menor, será entrevistado lo antes posible y se
preparará un informe sicológico y social en el que consten los datos
pertinentes al tipo y nivel concretos de tratamiento y programa que
requiera el menor. Este informe, junto con el preparado por el
funcionario médico que haya reconocido al menor en el momento del
ingreso, deberá presentarse al director a fin de decidir el lugar más
adecuado para la instalación del menor en el centro y determinar el
tipo y nivel necesarios de tratamiento y de programa que deberán
aplicarse. Cuando se requiera tratamiento rehabilitador especial, y si
el tiempo de permanencia en la institución lo permite, funcionarios
calificados de la institución deberán preparar un plan de tratamiento
individual por escrito en que se especifiquen los objetivos del
tratamiento, el plazo y los medios, etapas y fases en que haya que
procurar los objetivos.
28. La detención de los menores sólo se producirá en condiciones que
tengan en cuenta plenamente sus necesidades y situaciones concretas
y los requisitos especiales que exijan su edad, personalidad, sexo y
tipo de delito, así como su salud física y mental, y que garanticen su
protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo. El
criterio principal para separar a los diversos grupos de menores
privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que
mejor se adapte a las necesidades concretas de los interesados y la
protección de su bienestar e integridad físicos, mentales y morales.
29. En todos los centros de detención, los menores deberán estar
separados de los adultos a menos que pertenezcan a la misma
familia. En situaciones controladas, podrá reunirse a los menores con
adultos cuidadosamente seleccionados en el marco de un programa
especial cuya utilidad para los menores interesados haya sido
demostrada.
30. Deben organizarse centros de detención abiertos para menores. Se
entiende por centros de detención abiertos aquéllos donde las
medidas de seguridad son escasas o nulas. La población de esos
centros de detención deberá ser lo menos numerosa posible. El
número de menores internado en centros cerrados deberá ser
también suficientemente pequeño a fin de que el tratamiento pueda
tener carácter individual. Los centros de detención para menores
deberán estar descentralizados y tener un tamaño que facilite el
acceso de las familias de los menores y su contactos con ellas.
Convendrá establecer pequeños centros de detención e integrarlos en
el entorno social, económico y cultural de la comunidad.
D. Medio físico y alojamiento
31. Los menores privados de libertad tendrán derecho a contar con
locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y
de la dignidad humana.
32. El diseño de los centros de detención para menores y el medio físico
deberán responder a su finalidad, es decir, la rehabilitación de los
menores en tratamiento de internado, teniéndose debidamente en
cuenta la necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales,
de posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación
en actividades de esparcimiento. El diseño y la estructura de los
centros de detención para menores deberán ser tales que reduzcan al
mínimo el riesgo de incendio y garanticen una evacuación segura de
los locales. Deberá haber un sistema eficaz de alarma en los casos de
incendio, así como procedimientos establecidos y ejercicios de alerta
que garanticen la seguridad de los menores. Los centros de detención
no estarán situados en zonas de riesgos conocidos para la salud o
donde existan otros peligros.
33. Los locales para dormir deberán consistir normalmente en
dormitorios para pequeños grupos o en dormitorios individuales,
teniendo presentes las normas del lugar. Por la noche, todas las zonas
destinadas a dormitorios colectivos, deberán ser objeto de una
vigilancia regular y discreta para asegurar la protección de todos los
menores. Cada menor dispondrá, según los usos locales o nacionales,
de ropa de cama individual suficiente, que deberá entregarse limpia,
mantenerse en buen estado y mudarse con regularidad por razones
de aseo.
34. Las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado y
estar situadas de modo que el menor pueda satisfacer sus
necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada y decente.
35. La posesión de efectos personales es un elemento fundamental del
derecho a la intimidad y es indispensable para el bienestar sicológico
del menor. Deberá reconocerse y respetarse plenamente el derecho
de todo menor a poseer efectos personales y a disponer de lugares
seguros para guardarlos. Los efectos personales del menor que éste
decida no conservar o que le sean confiscados deberán depositarse en
lugar seguro. Se hará un inventario de dichos efectos que el menor
firmará y se tomarán las medidas necesarias para que se conserven
en buen estado. Todos estos artículos, así como el dinero, deberán
restituirse al menor al ponerlo en libertad, salvo el dinero que se le
haya autorizado a gastar o los objetos que haya remitido al exterior.
Si el menor recibe medicamentos o se descubre que los posee, el
médico deberá decidir el uso que deberá hacerse de ellos.
36. En la medida de lo posible, los menores tendrán derecho a usar sus
propias prendas de vestir. Los centros de detención velarán porque
todos los menores dispongan de prendas personales apropiadas al
clima y suficientes para mantenerlos en buena salud. Dichas prendas
no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. Los
menores que salgan del centro o a quienes se autorice a abandonarlo
con cualquier fin podrán vestir sus propias prendas.
37. Todos los centros de detención deben garantizar que todo menor
disponga de una alimentación adecuadamente preparada y servida a
las horas acostumbradas, en calidad y cantidad que satisfagan las
normas de la dietética, la higiene y la salud y, en la medida de lo
posible, las exigencias religiosas y culturales. Todo menor deberá
disponer en todo momento de agua limpia y potable.
E. Educación, formación profesional y trabajo
38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a
recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y
destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad. Siempre
que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo
de maestros competentes, mediante programas integrados en el
sistema de instrucción pública, a fin de que, cuando sean puestos en
libertad, los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. La
administración de los establecimientos deberá prestar especial
atención a la enseñanza de los menores de origen extranjero o con
necesidades culturales o étnicas particulares. Los menores
analfabetos o que presenten problemas cognitivos o de aprendizaje
tendrán derecho a enseñanza especial.
39. Deberá autorizarse y alentarse a los menores que hayan superado la
edad de escolaridad obligatoria y que deseen continuar sus estudios a
que lo hagan, y deberá hacerse todo lo posible por que tengan acceso
a programas de enseñanza adecuados.
40. Los diplomas o certificados de estudios otorgados a los menores
durante su detención no deberán indicar en ningún caso que los
menores han estado recluidos.
41. Todo centro de detención deberá facilitar el acceso de los menores a
una biblioteca bien provista de libros y periódicos instructivos y
recreativos que sean adecuados; se deberá estimular y permitir que
utilicen al máximo los servicios de la biblioteca.
42. Todo menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer una
profesión que lo prepare para un futuro empleo.
43. Teniendo debidamente en cuenta una selección profesional racional
y las exigencias de la administración del establecimiento, los menores
deberán poder optar por la clase de trabajo que deseen realizar.
44. Deberán aplicarse a los menores privados de libertad todas las
normas nacionales e internacionales de protección que se aplican al
trabajo de los niños y a los trabajadores jóvenes.
45. Siempre que sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad
de realizar un trabajo remunerado, de ser posible en el ámbito de la
comunidad local, que complemente la formación profesional impartida
a fin de aumentar la posibilidad de que encuentren un empleo
conveniente cuando se reintegren a sus comunidades. El tipo de
trabajo deberá ser tal que proporcione una formación adecuada y útil
para los menores después de su liberación. La organización y los
métodos de trabajo que haya en los centros de detención deberán
asemejarse lo más posible a los de trabajos similares en la
comunidad, a fin de preparar a los menores para las condiciones
laborales normales.
46. Todo menor que efectúe un trabajo tendrá derecho a una
remuneración justa. El interés de los menores y de su formación
profesional no deberá subordinarse al propósito de obtener beneficios
para el centro de detención o para un tercero. Una parte de la
remuneración del menor debería reservarse de ordinario para
constituir un fondo de ahorro que le será entregado cuando quede en
libertad. El menor debería tener derecho a utilizar el remanente de
esa remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal,
indemnizar a la víctima perjudicada por su delito, o enviarlo a su
propia familia o a otras personas fuera del centro.
F. Actividades recreativas
47. Todo menor deberá disponer diariamente del tiempo suficiente para
practicar ejercicios físicos al aire libre si el clima lo permite, durante el
cual se proporcionará normalmente una educación recreativa y física
adecuada. Para estas actividades, se pondrán a su disposición terreno
suficiente y las instalaciones y el equipo necesarios. Todo menor
deberá disponer diariamente de tiempo adicional para actividades de
esparcimiento, parte de las cuales deberán dedicarse, si el menor así
lo desea, a desarrollar aptitudes en artes y oficios. El centro de
detención deberá velar porque cada menor esté físicamente en
condiciones de participar en los programas de educación física
disponibles. Deberá ofrecerse educación física correctiva y
terapéutica, bajo supervisión médica, a los menores que la necesiten.
G. Religión
48. Deberá autorizarse a todo menor a cumplir sus obligaciones
religiosas y satisfacer sus necesidades espirituales, permitiéndose
participar en los servicios o reuniones organizados en el
establecimiento o celebrar sus propios servicios y tener en su poder
libros u objetos de culto y de instrucción religiosa de su confesión. Si
en un centro de detención hay un número suficiente de menores que
profesan una determinada religión, deberá nombrase o admitirse a
uno o más representantes autorizados de ese culto que estarán
autorizados para organizar periódicamente servicios religiosos y
efectuar visitas pastorales particulares a los menores de su religión,
previa solicitud de ellos. Todo menor tendrá derecho a recibir visitas
de un representante calificado de cualquier religión de su elección, a
no participar en servicios religiosos y rehusar libremente la
enseñanza, el asesoramiento o el adoctrinamiento religioso.
H. Atención médica
49. Todo menor deberá recibir atención médica adecuada, tanto
preventiva como correctiva, incluida atención odontológica,
oftalmológica y de salud mental, así como los productos farmacéuticos
y dietas especiales que hayan sido recetados por un médico.
Normalmente, toda esta atención médica debe prestarse cuando sea
posible a los jóvenes reclusos por conducto de los servicios e
instalaciones sanitarios apropiados de la comunidad en que esté
situado el centro de detención, a fin de evitar que se estigmatice al
menor y de promover su dignidad personal y su integración en la
comunidad.
50. Todo menor tendrá derecho a ser examinado por un médico
inmediatamente después de su ingreso en un centro de menores, con
objeto de hacer constar cualquier prueba de malos tratos anteriores y
verificar cualquier estado físico o mental que requiera atención
médica.
51. Los servicios médicos a disposición de los menores deberán tratar
de detectar y tratar toda enfermedad física o mental, todo uso
indebido de sustancias químicas y cualquier otro estado que pudiera
constituir un obstáculo para la integración del joven en la sociedad.
Todo centro de detención de menores deberá tener acceso inmediato
a instalaciones y equipo médicos adecuados que guarden relación con
el número y las necesidades de sus residentes, así como personal
capacitado en atención sanitaria preventiva y en tratamiento de
urgencias médicas. Todo menor que esté enfermo, se queje de
enfermedad o presente síntomas de dificultades físicas o mentales
deberá ser examinado rápidamente por un funcionario médico.
52. Todo funcionario médico que tenga razones para estimar que la
salud física o mental de un menor ha sido afectada, o pueda serlo, por
el internamiento prolongado, una huelga de hambre o cualquier
circunstancia del internamiento, deberá comunicar inmediatamente
este hecho al director del establecimiento y a la autoridad
independiente responsable del bienestar del menor.
53. Todo menor que sufra una enfermedad mental deberá recibir
tratamiento en una institución especializada bajo supervisión médica
independiente. Se adoptarán medidas, de acuerdo con los organismos
competentes, para que pueda continuar cualquier tratamiento de
salud mental que requiera después de la liberación.
54. Los centros de detención de menores deberán organizar programas
de prevención del uso indebido de drogas y de rehabilitación
administrados por personal calificado. Estos programas deberán
adaptarse a la edad, al sexo y otras circunstancias de los menores
interesados, y deberán ofrecerse servicios de desintoxicación dotados
de personal calificado a los menores toxicómanos o alcohólicos.
55. Sólo se administrará medicamentos para un tratamiento necesario o
por razones médicas y, cuando se pueda, después de obtener el
consentimiento del menor debidamente informado. En particular, no
se deben administrar para obtener información o confesión, ni como
sanción o medio de reprimir al menor. Los menores nunca servirán
como objeto para experimentar el empleo de fármacos o
tratamientos. La administración de cualquier fármaco deberá ser
siempre autorizada y efectuada por personal médico calificado.
I. Notificación de enfermedad, accidente y defunción
56. La familia o el tutor de un menor, o cualquier otra persona
designada por dicho menor, tienen el derecho de ser informados, si
así lo solicitan, del estado de salud del menor y en el caso de que se
produzca un cambio importante en él. El director del centro de
detención deberá notificar inmediatamente a la familia o al tutor del
menor, o a cualquier otra persona designada por él, en caso de
fallecimiento, enfermedad que requiera el traslado del menor a un
centro médico fuera del centro, o un estado que exija un tratamiento
de más de 48 horas en el servicio clínico del centro de detención.
También se deberá notificar a las autoridades consulares del Estado
de que sea ciudadano el menor extranjero.
57. En caso de fallecimiento de un menor durante el período de
privación de libertad, el pariente más próximo tendrá derecho a
examinar el certificado de defunción, a pedir que le muestren el
cadáver y disponer su último destino en la forma que decida. En caso
de fallecimiento de un menor durante su internamiento, deberá
practicarse una investigación independiente sobre las causas de la
defunción, cuyas conclusiones deberán quedar a disposición del
pariente más próximo. Dicha investigación deberá practicarse cuando
el fallecimiento del menor se produzca dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de su liberación del centro de detención y cuando
haya motivos para creer que el fallecimiento guarda relación con el
período de reclusión.
58. Deberá informarse al menor inmediatamente del fallecimiento, o de
la enfermedad o el accidente graves de un familiar inmediato y darle
la oportunidad de asistir al funeral del fallecido o, en caso de
enfermedad grave de un pariente, a visitarle en su lecho de enfermo.
J. Contactos con la comunidad en general
59. Se deberán utilizar todos los medios posibles para que los menores
tengan una comunicación adecuada con el mundo exterior, pues ella
es parte integrante del derecho a un tratamiento justo y humanitario
y es indispensable para preparar la reinserción de los menores en la
sociedad. Deberá autorizarse a los menores a comunicarse con sus
familiares, sus amigos y otras personas o representantes de
organizaciones prestigiosas del exterior, a salir de los centros de
detención para visitar su hogar y su familia, y se darán permisos
especiales para salir del establecimiento por motivos educativos,
profesionales u otras razones de importancia. En caso de que el
menor esté cumpliendo una condena, el tiempo transcurrido fuera de
un establecimiento deberá computarse como parte del período de
cumplimiento de la sentencia.
60. Todo menor tendrá derecho a recibir visitas regulares y frecuentes,
en principio una vez por semana y por lo menos una vez al mes, en
condiciones que respeten la necesidad de intimidad del menor, el
contacto y la comunicación sin restricciones con la familia y con el
abogado defensor.
61. Todo menor tendrá derecho a comunicarse por escrito o por
teléfono, al menos dos veces por semana, con la persona de su
elección, salvo que se le haya prohibido legalmente hacer uso de este
derecho, y deberá recibir la asistencia necesaria para que pueda
ejercer eficazmente ese derecho. Todo menor tendrá derecho a recibir
correspondencia.
62. Los menores deberán tener la oportunidad de informarse
periódicamente de los acontecimientos por la lectura de diarios,
revistas u otras publicaciones, mediante el acceso a programas de
radio y televisión y al cine, así como a través de visitas de los
representantes de cualquier club u organización de carácter lícito en
que el menor esté interesado.
K. Limitaciones de la coerción física y del uso de la fuerza
63. Deberá prohibirse el recurso a instrumentos de coerción y a la
fuerza con cualquier fin, salvo en los casos establecidos en el artículo
64 infra.
64. Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción
en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado
todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente
autorizada y descrita por una ley o un reglamento. Esos instrumentos
no deberán causar humillación ni degradación y deberán emplearse de
forma restrictiva y sólo por el lapso estrictamente necesario. Por
orden del director de la administración, podrán utilizarse esos
instrumentos para impedir que el menor lesione a otros o a sí mismo
o cause importantes daños materiales. En esos casos, el director
deberá consultar inmediatamente al personal médico y otro personal
competente e informar a la autoridad administrativa superior.
65. En todo centro donde haya menores detenidos deberá prohibirse al
personal portar y utilizar armas.
L. Procedimientos disciplinarios
66. Todas las medidas y procedimientos disciplinarios deberán contribuir
a la seguridad y a una vida comunitaria ordenada y ser compatibles
con el respeto de la dignidad inherente del menor y con el objetivo
fundamental del tratamiento institucional, a saber, infundir un
sentimiento de justicia y de respeto por uno mismo y por los derechos
fundamentales de toda persona.
67. Estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias
que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los
castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de
aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que
pueda poner en peligro la salud física o mental del menor. Estarán
prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción de alimentos
y la restricción o denegación de contacto con familiares. El trabajo
será considerado siempre un instrumento de educación y un medio de
promover el respeto del menor por sí mismo, como preparación para
su reinserción en la comunidad, y nunca deberá imponerse a título de
sanción disciplinaria. No deberá sancionarse a ningún menor más de
una vez por la misma infracción disciplinaria. Deberán prohibirse las
sanciones colectivas.
68. Las leyes o reglamentos aprobados por la autoridad administrativa
competente deberán establecer normas relativas a los siguientes
elementos, teniendo plenamente en cuenta las características,
necesidades y derechos fundamentales del menor:
a) La conducta que constituye una infracción a la disciplina;
b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar;
c) La autoridad competente para imponer esas sanciones;
d) La autoridad competente en grado de apelación.
69. Los informes de mala conducta serán presentados de inmediato a la
autoridad competente, la cual deberá decidir al respecto sin demoras
injustificadas. La autoridad competente deberá examinar el caso con
detenimiento.
70. Ningún menor estará sujeto a sanciones disciplinarias que no se
ajusten estrictamente a lo dispuesto en las leyes o los reglamentos en
vigor. No deberá sancionarse a ningún menor a menos que haya sido
informado debidamente de la infracción que le es imputada, en forma
que el menor comprenda cabalmente, y que se le haya dado la
oportunidad de presentar su defensa, incluido el derecho de apelar a
una autoridad imparcial competente. Deberá levantarse un acta
completa de todas las actuaciones disciplinarias.
71. Ningún menor deberá tener a su cargo funciones disciplinarias, salvo
en lo referente a la supervisión de ciertas actividades sociales,
educativas o deportivas o programas de autogestión.
M. Inspección y reclamaciones
72. Los inspectores calificados o una autoridad debidamente constituida
de nivel equivalente que no pertenezca a la administración del centro
deberán estar facultados para efectuar visitas periódicas, y a hacerlas
sin previo aviso, por iniciativa propia, y para gozar de plenas
garantías de independencia en el ejercicio de esta función. Los
inspectores deberán tener acceso sin restricciones a todas las
personas empleadas o que trabajen en los establecimientos o
instalaciones donde haya o pueda haber menores privados de
libertad, a todos los menores y a toda la documentación de los
establecimientos.
73. En las inspecciones deberán participar funcionarios médicos
especializados adscritos a la entidad inspectora o al servicio de salud
pública, quienes evaluarán el cumplimiento de las reglas relativas al
ambiente físico, la higiene, el alojamiento, la comida, el ejercicio y los
servicios médicos, así como cualesquiera otros aspectos o condiciones
de la vida del centro que afecten a la salud física y mental de los
menores. Todos los menores tendrán derecho a hablar
confidencialmente con los inspectores.
74. Terminada la inspección, el inspector deberá presentar un informe
sobre sus conclusiones. Este informe incluirá una evaluación de la
forma en que el centro de detención observa las presentes Reglas y
las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, así como
recomendaciones acerca de las medidas que se consideren necesarias
para garantizar su observancia. Todo hecho descubierto por un
inspector que parezca indicar que se ha producido una violación de las
disposiciones legales relativas a los derechos de los menores o al
funcionamiento del centro de detención para menores deberá
comunicarse a las autoridades competentes para que lo investigue y
exija las responsabilidades correspondientes.
75. Todo menor deberá tener la oportunidad de presentar en todo
momento peticiones o quejas al director del establecimiento o a su
representante autorizado.
76. Todo menor tendrá derecho a dirigir, por la vía prescrita y sin
censura en cuanto al fondo, una petición o queja a la administración
central de los establecimientos para menores, a la autoridad judicial o
cualquier otra autoridad competente, y a ser informado sin demora de
la respuesta.
77. Debería procurarse la creación de un cargo independiente de
mediador, facultado para recibir e investigar las quejas formuladas
por los menores privados de libertad y ayudar a la consecución de
soluciones equitativas.
78. A los efectos de formular una queja, todo menor tendrá derecho a
solicitar asistencia a miembros de su familia, asesores jurídicos,
grupos humanitarios u otros cuando sea posible. Se prestará
asistencia a los menores analfabetos cuando necesiten recurrir a los
servicios de organismos u organizaciones públicos o privados que
brindan asesoramiento jurídico o que son competentes para recibir
reclamaciones.
N. Reintegración en la comunidad
79. Todos los menores deberán beneficiarse de medidas concebidas
para ayudarles a reintegrarse en la sociedad, la vida familiar y la
educación o el trabajo después de ser puestos en libertad. A tal fin se
deberán establecer procedimientos, inclusive la libertad anticipada, y
cursos especiales.
80. Las autoridades competentes deberán crear o recurrir a servicios
que ayuden a los menores a reintegrarse en la sociedad y contribuyan
a atenuar los prejuicios que existen contra esos menores. Estos
servicios, en la medida de lo posible, deberán proporcionar al menor
alojamiento, trabajo y vestidos convenientes, así como los medios
necesarios para que pueda mantenerse después de su liberación para
facilitar su feliz reintegración. Los representantes de organismos que
prestan estos servicios deberán ser consultados y tener acceso a los
menores durante su internamiento con miras a la asistencia que les
presten para su reinserción en la comunidad.
V. PERSONAL
81. El personal deberá ser competente y contar con un número
suficiente de especialistas, como educadores, instructores
profesionales, asesores, asistentes sociales, siquiatras y sicólogos.
Normalmente, esos funcionarios y otros especialistas deberán formar
parte del personal permanente, pero ello no excluirá los auxiliares a
tiempo parcial o voluntarios cuando resulte apropiado y beneficioso
por el nivel de apoyo y formación que puedan prestar. Los centros de
detención deberán aprovechar todas las posibilidades y modalidades
de asistencia correctivas, educativas, morales, espirituales y de otra
índole disponibles en la comunidad y que sean idóneas, en función de
las necesidades y los problemas particulares de los menores recluidos.
82. La administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al
personal de todas las clases y categorías, por cuanto la buena marcha
de los centros de detención depende de su integridad, actitud
humanitaria, capacidad y competencia profesional para tratar con
menores, así como de sus dotes personales para el trabajo.
83. Para alcanzar estos objetivos, deberán designarse funcionarios
profesionales con una remuneración suficiente para atraer y retener a
hombres y mujeres capaces. Deberá darse en todo momento
estímulos a los funcionarios de los centros de detención de menores
para que desempeñen sus funciones y obligaciones profesionales en
forma humanitaria, dedicada, profesional, justa y eficaz, se
comporten en todo momento de manera tal que merezca y obtenga el
respeto de los menores y brinden a éstos un modelo y una
perspectiva positivos.
84. La administración deberá adoptar formas de organización y gestión
que faciliten la comunicación entre las diferentes categorías del
personal de cada centro de detención para intensificar la cooperación
entre los diversos servicios dedicados a la atención de los menores,
así como entre el personal y la administración, con miras a conseguir
que el personal que está en contacto directo con los menores pueda
actuar en condiciones que favorezcan el desempeño eficaz de sus
tareas.
85. El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar
eficazmente sus funciones, en particular la capacitación en sicología
infantil, protección de la infancia y criterios y normas internacionales
de derechos humanos y derechos del niño, incluidas las presentes
Reglas. El personal deberá mantener y perfeccionar sus conocimientos
y capacidad profesional asistiendo a cursos de formación en el servicio
que se organizarán a intervalos apropiados durante toda su carrera.
86. El director del centro deberá estar debidamente calificado para su
función por su capacidad administrativa, una formación adecuada y su
experiencia en la materia y deberá dedicar todo su tiempo a su
función oficial.
87. En el desempeño de sus funciones, el personal de los centros de
detención deberá respetar y proteger la dignidad y los derechos
humanos fundamentales de todos los menores y, en especial:
88. a) Ningún funcionario del centro de detención o de la institución
podrá infligir, instigar o tolerar acto alguno de tortura ni forma alguna
de trato, castigo o medida correctiva o disciplinaria severo, cruel,
inhumano o degradante bajo ningún pretexto o circunstancia de
cualquier tipo;
b) Todo el personal deberá impedir y combatir severamente todo acto de
corrupción, comunicándolo sin demora a las autoridades competentes;
c) Todo el personal deberá respetar las presentes Reglas. Cuando tenga motivos
para estimar que estas Reglas han sido gravemente violadas o puedan serlo, deberá
comunicarlo a sus autoridades superiores u órganos competentes facultados para
supervisar o remediar la situación;
d) Todo el personal deberá velar por la cabal protección de la salud física y mental
de los menores, incluida la protección contra la explotación y el maltrato físico,
sexual y emocional, y deberá adoptar con urgencia medidas para que reciban
atención médica siempre que sea necesario;
e) Todo el personal deberá respetar el derecho de los menores a la intimidad y, en
particular, deberá respetar todas las cuestiones confidenciales relativas a los
menores o sus familias que lleguen a conocer en el ejercicio de su actividad
profesional;
f) Todo el personal deberá tratar de reducir al mínimo las diferencias entre la vida
dentro y fuera del centro de detención que tiendan a disminuir el respeto debido a
la dignidad de los menores como seres humanos.
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